NUEVA YORK._ Los hermanos dominicanos Arlen Gabriel y Kent Encarnación y Jacquelyn Peña, residentes en la ciudad de Perth Amboy en Nueva Jersey fueron  acusados el viernes de estafar con $2.1 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos con préstamos fraudulentos a programas pandémicos que amparan a pequeños y medianos comerciantes.

El fiscal federal Philip R. Sellinger, dice en un comunicado que los hermanos Encarnación tomaron préstamos con empresas fantasmas e informaciones falsas del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y Préstamos por Desastres y Lesiones Económicas (EIDL).

Arlen, de 36 años de edad está acusado por denuncia de 11 cargos de fraude bancario, tres cargos de fraude electrónico y dos cargos de lavado de dinero, su hermano  Kent de 28 en una  denuncia separada de un cargo de fraude bancario y dos cargos de lavado de dinero.

Peña, de 36 años de edad, es acusada en una denuncia separada de tres cargos de fraude bancario y dos cargos de lavado de dinero, añade el comunicado.

Se enfrentaron por video conferencia a la jueza federakl Leda Dunn Wettre quien dejó al trío preso y sin derecho a fianza.

Los fiscales alegan que Arlen presentó 11 solicitudes fraudulentas de préstamos PPP a dos prestamistas diferentes en nombre de nueve supuestas empresas y tres solicitudes fraudulentas a EIDL  y  la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) en nombre de tres compañías fantasmas.

Kent presentó una solicitud de préstamo PPP fraudulenta en nombre de una supuesta empresa a un prestamista y Peña tres solicitudes de préstamos PPP fraudulentas a dos prestamistas diferentes en nombre de tres empresas inexistentes.

La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES) es una ley federal promulgada el 29 de marzo de 2020, diseñada para brindar asistencia financiera de emergencia a los millones de estadounidenses que sufren los efectos económicos causados ​​por la pandemia de COVID-19.

“Es una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES que incluye ayudas  en un fondo de  $349 mil millones en préstamos condonables a pequeñas empresas para la retención de puestos de trabajo y algunos otros gastos, a través del PPP. En abril de 2020, el congreso autorizó más de $ 300 mil millones en fondos adicionales de APP”, recordó el fiscal.

El PPP permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que califiquen reciban préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del 1 por ciento.

Los ingresos de los préstamos PPP deben ser utilizados por empresas en costos de nómina, intereses de hipotecas, alquiler y servicios públicos.

La APP permite la condonación de los intereses y el capital del préstamo si la empresa gasta los fondos prestados en esas partidas de gastos dentro de un período de tiempo designado después de recibir las ganancias y utiliza al menos un cierto porcentaje de las ganancias del préstamo de la APP en gastos de nómina. .

Las solicitudes que presentaron los demandados contenían representaciones fraudulentas ante los prestamistas participantes y la SBA, incluida documentación falsa de declaración de impuestos federales.

“Los acusados ​​también inventaron la existencia de empleados y los salarios pagados a los empleados inexistentes a través de los supuestos negocios. Según los registros de la Administración del Seguro Social, no se procesaron Formularios W-3, Transmisiones o Declaraciones de salarios e impuestos, ni Formularios W-2, Declaraciones de salarios e impuestos para ninguna de las entidades demandadas entre 2018 y 2020”, desglosa el comunicado.

La fiscalía asegura que sobre la base de las presuntas tergiversaciones de los acusados, los prestamistas y la SBA aprobaron las solicitudes de préstamos PPP y EIDL de los acusados ​​y proporcionaron a sus supuestos negocios $2.1 millones en fondos federales de ayuda de emergencia COVID-19 destinados a pequeñas empresas en dificultades.

De esa cantidad, Arlen recibió $1.69 millones, Kent $156,000 y Peña $335,000. ​​Transfirieron una parte sustancial de las ganancias, incluso en relación con la compra de bienes raíces por parte de Jacquelyn y la compra de Arlen de un lujoso Lamborghini SUV. 

Cada cargo de fraude bancario conlleva una pena máxima de 30 años de prisión y una multa de $1 millón, cada cargo de fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años y cada cargo de lavado de dinero conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.

Tanto los cargos de fraude electrónico como de lavado de dinero conllevan una multa máxima de $250,000 dólares o el doble de la ganancia bruta para el acusado o la pérdida bruta para la víctima, lo que sea mayor, explicaron los federales.

Arlen se hizo videos recibiendo y conduciendo el Lamborghini.