NUEVA YORK._ Situando la República Dominicana en la casilla 32 entre 180 países del mundo en la percepción sobre la corrupción, Transparencia Internacional (TI) revela en su reporte 2022 que la lentitud de los procesos judiciales en el país caribeño obstaculiza el progreso en las condenas a los acusados.
NUEVA
YORK.- El reporte 2022 de Transparencia Internacional revela lentitud de
procesos judiciales contra la corrupción en RD obstaculiza el progreso en
condenas a los corruptos. (Foto Transparencia Internacional).
Pero
sostiene el informe divulgado esta semana, que sin embargo, la lentitud de los
procesos judiciales ha obstaculizado el progreso de las condenas por
corrupción. “Existe preocupación en la sociedad dominicana de que los
tribunales no estén a la altura de la fuerte demanda nacional para avanzar en
la lucha contra la corrupción y el crimen”, explica el reporte.
Expone
TI que desde 2016, 27 de los 32 países tienen niveles de corrupción estancados.
“República
Dominicana registró el avance más significativo en su capacidad para combatir
la corrupción (CCC) y pasó del décimo lugar en 2021 al quinto en 2022, según la
cuarta medición del Consejo de las Américas (Américas Society / Council of the Américas,
por sus siglas en inglés)”, explica TI.
Agrega
que el país caribeño avanzó +0,81 y obtuvo una puntuación de 5,19 para
continuar en su trayectoria ascendente de dos años, que indica el Índice de
Capacidad para Combatir la Corrupción en 2022.
El
mismo informe otorga a Costa Rica (+0,66) el segundo lugar con los avances más
significativos en sus herramientas para combatir este flagelo, nación que
también es la segunda, después de Uruguay, en tener la mejor posición en la
evaluación de 15 países de la región.
El
reporte desglosa que según el Consejo de las Américas, República Dominicana
mejoró su puntaje global en un 18% desde 2021, impulsado por un crecimiento del
24% en la categoría de capacidad jurídica y avances significativos en las
variables que evalúan la cooperación internacional y las agencias
anticorrupción.
“Estos
logros reflejan el compromiso del presidente Luis Abinader en la lucha contra
la corrupción desde que llegó al poder en 2020. Su administración ha propuesto
una ley para promover la transparencia en los contratos públicos, ha instituido
programas de cumplimiento en las instituciones públicas y ha promulgado una ley
para simplificar la burocracia”, indica Transparencia Internacional.
A
pesar de destacar los avances en la lucha contra la corrupción, el Índice de
Capacidad para Combatir la Corrupción en 2022 destaca al mismo tiempo que el
Ministerio Público (MP), el organismo que persigue las ejecuciones ilegales en
funciones públicas, necesita más recursos para combatir el mal.
“En
ese sentido, recordemos que la fiscal general, Miriam Germán Brito, ha pedido
al Congreso Nacional más fondos para el Ministerio Público”, recuerda la
entidad.
Refiere
el reporte que en la Ley de Presupuesto General del Estado para la Procuraduría
General de la República 2021 se aprobaron $7,005.6 millones de pesos, lo que
significó una reducción de RD$4,709.4 millones respecto a la partida de 2020.
“La
disminución en el presupuesto fue equivalente al 40%, según la denuncia del
entonces Ministerio Público, que, para ese mismo año, solicitó la misma
cantidad con la que se manejó en 2020: RD$11,715 millones. Finalmente, el
Congreso Nacional elevó la partida a RD$10, 568, 591,559.91 millones en el
Presupuesto Complementario en 2021”, afirma el informe.
Precisa
que el Consejo de las Américas señala que investigaciones anticorrupción de
alto nivel han continuado en el último año, como la Operación Coral y la
Operación Anti Pulpo.
“Sin
embargo, sostiene que esas investigaciones se han centrado principalmente en
individuos vinculados a la administración anterior, lo que lleva a acusaciones
de que estas investigaciones tienen motivaciones políticas", puntualiza el
reporte.
Dice
que el Gobierno de Abinader también ha investigado presuntos actos de
corrupción dentro de su propia administración y que el presidente es uno de los
líderes políticos citados en la filtración de los Pandora Papers (Los Papeles
de Pandora) en octubre de 2021, que detallan el uso de empresas en paraísos
fiscales por parte de líderes políticos, y afirma que siempre ha cumplido con
sus obligaciones tributarias.
“La
República Dominicana registró un aumento significativo en la variable que
evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción, lo que indica
que los ciudadanos continúan responsabilizando al Gobierno”, explica el
reporte.
En
cuanto a los temas que TI considera críticos a monitorear en República
Dominicana, se hace eco de la posible reforma constitucional para que la
Fiscalía General de la República Dominicana sea más independiente del Poder
Ejecutivo.
"Aparte
de la posible reforma, la actual fiscal
general es generalmente considerada como una figura independiente", cita el
informe en esa parte.
Sostiene
que el residente de la República Dominicana avaló el proyec
to de ley de
extinción de dominio conocido en el Congreso Nacional para devolver bienes
robados al estado y bienes de procedencia ilícita.
La
Unidad de Análisis Financiero evalúa el riesgo de lavado de dinero a nivel
nacional antes de la posterior evaluación del país por parte del Grupo de
Acción Financiera Internacional, que concluye la descripción de la situación
dominicana en su lucha contra la corrupción.
El
país con el puntaje más alto en el Índice CCC 2022 es Uruguay (7,42 sobre 10),
que ha ocupado el primer lugar durante tres años consecutivos. Uruguay es
seguido por Costa Rica (7,11), Chile (6,88) y Perú (5,66); Estos dos países
permanecen en los tres primeros lugares.
República
Dominicana (5.19), en quinto lugar, es seguida por Argentina (5.04), Panamá
(4.96), Colombia (4.87), Ecuador (4.82), Brasil (4.76), Paraguay (4.45), México
(4.05), Guatemala (3.38), Bolivia (2.57) y Venezuela (1.63).
El
estudio indica que la mayor capacidad de la República Dominicana es la
influencia de la sociedad civil y los medios de comunicación por encima de las
instituciones legales, democráticas y políticas.
Liderando
el ranking regional están Uruguay y Canadá, cada uno con un puntaje de 74,
seguido por Estados Unidos con 69. En Venezuela (14), Haití (17) y Nicaragua
(19), los países con los puntajes más bajos, en los que es difícil trazar una
línea entre las instituciones públicas y las actividades criminales, detalla el
informe 2022 de Transparencia Internacional.
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