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viernes, 28 de junio de 2019

Jueza acusada de proteger narco dominicano y suspendida sigue batalla por restitución de salario

Miguel Cruz Tejada - viernes, junio 28, 2019



NUEVA YORK._ La jueza estatal de la corte del distrito de Newton en Massachusetts, Shelley M. Richmond Joseph, de 51 años de edad, suspendida sin sueldo después de ser acusada por el fiscal federal de ese estado, de obstrucción de la justicia y encubrimiento, luego que supuestamente protegiera al presunto narco dominicano José Medina Pérez, ordenando que lo sacaran por una puerta trasera del tribunal, para evadir a un oficial de inmigración que lo buscaba para detenerlo, sigue su batalla legal para que le restituyan su sueldo, de $181 dólares al año ($3,480 a la semana). 


NUEVA YORK._ La jueza de Massachusetts, Shelley M. Richmond Joseph, acusada de proteger al narco dominicano José Medina, sigue luchando por su salario. (Foto fuente externa).



Sus abogados alegan que ella no ha sido condenada por ningún delito, y que acorde con la ley estatal de Massachusetts, no puede ser despojada de su paga, por el hecho de enfrentar una acusación. 

“Ella también está luchando por limpiar su nombre, más que por el dinero”, dijo el abogado de la jueza, Michael Keating, en una audiencia el miércoles en la Corte Estatal de Massachusetts. 

El abogado dijo que despojar a la jueza de su salario tan pronto fue acusada va en contra de la presunción de inocencia y envía el mensaje a los jueces de todo el estado en el sentido de que su sustento podría ser retirado simplemente por una acusación. 

"Como jueza, está encargada de dar a todos los que comparecen ante ella, el debido proceso legal", dijo Keating ante el Tribunal Judicial Supremo. "Creo que ella tiene derecho al debido proceso legal ante este panel", agregó. 

Joseph fue suspendida sin paga en abril después de que los fiscales federales alegaran que ella y un ex oficial de la corte ayudaron a Medina a salir por la puerta trasera del tribunal del distrito de Newton. 

La jueza se declaró inocente de obstrucción de la justicia, y otro de sus abogados, Thomas Hoopes, calificó el caso contra ella como político. 

La magistrada, dijo en una declaración jurada presentada ante el Tribunal Judicial Supremo que su familia se enfrenta a crecientes deudas legales, ha tenido que pedir dinero prestado a amigos y familiares y puede verse obligada a vender su casa. 

“Su salario debería ser restablecido, y se le debería permitir trabajar en tareas administrativas para el sistema judicial mientras se resuelve el caso”, dijeron sus abogados. 

Grupos de abogados y numerosos de jueces retirados están respaldando a la jueza, calificándolo de sin precedentes quitarle el sueldo a una acusada que no ha sido declarada culpable de cometer delitos. 

Pero varios de los jueces cuestionaron cómo sería justo permitir que los jueces se queden con su salario cuando otros funcionarios de la corte, como un secretario u oficial de libertad condicional, perderían el suyo bajo la política de la corte si son acusados ​​penalmente. 

"¿Qué le decimos al oficial de libertad condicional o al oficial de la corte o al secretario?" preguntó el presidente del tribunal magistrado Ralph Gants.



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