NUEVA YORK._ La ex maestra dominicana Iris Angelina Castro, residente en Springfield, Illinois y ciudadana americana, figura como demandante en un recurso legal que busca frenar la medida del presidente Donald Trump para exigir a quienes pidan conyugues como residentes, tienen que pagar el seguro médico, que Casa Blanca alega es financiado en parte por el Gobierno de los Estados Unidos y que un juez federal suspendió el sábado.
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NUEVA
YORK._ La ex maestra dominicana Iris Angelina Castro, figura como demandante
contra Trump. (Foto fuente externa).
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La educadora, que tiene un hijo y está embarazada a la espera de una hija de su esposo, al que está solicitando en la República Dominicana, se vio obligada a renunciar a su trabajo como profesora en una escuela de Chicago, debido a que el niño se enfermó y no había quien cuidara de él.
Ella tuvo que aplicar para el seguro médico estatal (Medicaid), que Trump argumenta, es pagado por su Gobierno.
Castro, dijo que necesita que su esposo entre a Estados Unidos como un inmigrante legal con residencia permanente, para que esté presente el día del nacimiento del segundo vástago.
Pero el viernes, un juez de una corte en Oregón frenó la regla que trataba de imponer Trump a los solicitantes de conyugues, calificándola como una traba innecesaria contra la inmigración legal.
Al igual que la ex maestra dominicana, demandantes de México, Alemania y Nicaragua, están reclamaron que la disposición de Trump, sea abolida por las cortes.
El esposo de la profesora, que no es identificado, está a la espera de su cita en el consulado de Estados Unidos en Santo Domingo, lo que la mantenía angustiada pero la decisión del juez, abre el camino para que el hombre llegue sin la traba de Trump.
La mujer nicaragüense explicó que ha estaba tratando de conseguir un seguro médico estatal a bajo precio pero no ha podido conseguirlo.
La medida del presidente intentaba exigirles a los inmigrantes solicitados por sus esposas y esposos en Estados Unidos, que deben demostrar que pueden pagar el seguro de salud para poder calificar para las visas.
Siete ciudadanos estadounidenses y una organización sin fines de lucro presentaron la demanda federal en la corte de Portland, Oregón, sobre la regla que iba a entrar en vigencia el domingo.
La regla se aplicaría a extranjeros que buscan visas de inmigrantes, no a las que ya están en el país, y no afecta a los solicitantes de asilo, refugiados o niños.
"El congreso elabora leyes, el presidente las ejecuta. Este es un intento atroz de reemplazar y revocar la voluntad del congreso, no solo en el ámbito de la inmigración sino también en el ámbito de la atención médica", dijo Jesse Bless, director de litigios federales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración quien ayudó a presentar el caso.
La regla es el último esfuerzo de la administración Trump para limitar el acceso de los inmigrantes a los programas y servicios públicos.
A principios de este año, la Casa Blanca realizó cambios radicales en las regulaciones que negarían las tarjetas verdes a los inmigrantes que usan algunas formas de asistencia pública, pero los tribunales también han bloqueado esa medida.
Según la regla de visas del Gobierno, el seguro requerido puede ser adquirido individualmente o proporcionado por un empleador y puede ser una cobertura a corto plazo o catastrófica.
Medicaid no cuenta, y un inmigrante no puede obtener una visa si usa los subsidios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio al comprar un seguro. El Gobierno federal paga los subsidios.
La demanda buscaba el estatus de acción de clase y bloquear la entrada en vigor de la regla, objetivo que lograron los demandantes.
"Es imposible", dijo el abogado.
"No se han proporcionado normas que demuestren cuánto dinero se necesita para demostrar que los conyugues solicitados podrán pagar su propia atención.
LA DECISIÓN DEL JUEZ
El juez federal de Portland, Oregón, Michael Simon, que suspendió el sábado la regla del Gobierno, emitió una orden preliminar que evita que la norma entrara en vigor el domingo, pero se desconoce cuándo fallará definitivamente.
La demanda fue sometida el miércoles señalando que la regla reduciría enormemente o eliminaría el número de inmigrantes que ingresan a Estados Unidos con visas patrocinadas por familiares.
“Estamos muy agradecidos de que la corte reconociera la necesidad de bloquear de inmediato la regla de atención médica”, dijo la abogada senior del Justice Action Center Esther Sung, quien presentó argumentos en la audiencia del sábado a nombre de los demandantes.
“La medida separaría a las familias y reduciría dos terceras partes de la migración basada en la Green Card (Tarjeta Verde) a partir de esta noche, en caso de que no se suspendiera la prohibición”, añadió la abogada.
El decreto que firmó Trump a principios de octubre aplica a personas que aspiran a visas de migrantes desde el extranjero y no a quienes ya están dentro de Estados Unidos y tampoco afecta a los residentes legales permanentes.
La disposición establece que se prohibirá el ingreso de inmigrantes al país a menos que obtengan cobertura de salud en un plazo de 30 días después de su entrada o cuenten con los suficientes recursos económicos para cubrir cualquier costo médico.
Al momento de anunciar la regla, la Casa Blanca dijo en un comunicado que se tomó la medida porque demasiados extranjeros se aprovechaban de los generosos programas de salud pública del país, y los inmigrantes contribuyen al problema de costos de salud sin compensación.
De acuerdo con el Migration Policy Institute, un grupo migratorio apartidista, el 57% de los inmigrantes en Estados Unidos tenían seguro médico privado en 2017, en comparación con el 69% de los nacidos en Estados Unidos, y el 30% tenía cobertura de salud pública, comparándolos con el 36% de los nacidos en el país.
La tasa de inmigrantes sin seguro se redujo del 32% al 20% entre 2013 y 2017, desde que se implementó la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, dijo el grupo.
Se estima que unos 1,1 millones de extranjeros obtienen la residencia legal anualmente.
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