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RESUMEN



La JCE RD cumplió con exitoso montaje de elecciones municipales, presidenciales y congresuales 2024; consolida confianza de votantes y sociedad por transparencia en proceso; partidos fallaron en convocatoria Ejecutivos de financiera dominicana “Cash Flow” acusados por fraude de US$4MM a inversionistas


Ejecutivos de financiera dominicana “Cash Flow” acusados por fraude de US$4MM a inversionistas




NUEVA YORK._ Los ejecutivos de la financiera dominicana “Cash Flow” con sedes en Nueva Jersey y Nueva York, Raymundo Torres y Jennie Frías (a) “Jennie Castillo”, fueron acusados en la corte federal del distrito de Newark, por fraude de $ 4 millones de dólares a cientos de inversionistas, a los que les prometieron convertirlos en “millonarios” en poco tiempo, pero 47 de las víctimas firmaron denuncias en la fiscalía, con documentos que prueban el robo, según los fiscales. 

NUEVA YORK._ A izquierda (arriba), Edward Espinal, presidente de “Cash Flow”, investigado por el fraude US$4 millones y Raymundo Torres que será sentenciado el 8 de enero, mientras Jennie Frías o Jennie Castillo, también fue acusada por los mismos delitos. A la derecha, parte de los inversionistas estafados. (Fotos fuente externa).



Torres, quien se declaró culpable de conspiración en el esquema de la estafa, el 24 de septiembre, mientras el principal ejecutivo Edward Espinal, que es el presidente (CEO) sigue en investigación y todavía no se le han instrumentado cargos. 

“Cash Flow”, que ha invertido millares de dólares en publicidad para atraer a cientos de incautos, tiene como su cara de mercadeo al actor venezolano Víctor Cámara que aparece con frecuencia junto a Espinal en televisión, radio, periódicos, medios digitales y en los seminarios de inversión que organiza la empresa, pero es presentado como un “socio inversionista”. 

Los 47 denunciantes, alegan que “Cash Flow”, los engañó y estafó, tras prometerles ganancias millonarias con préstamos “blandos” en bancos locales, pero los montos se multiplicaban y las víctimas recibieron facturas de cientos de miles, lo que para ellos es impagable. 

También dijeron que la financiera, que vende sus paquetes como “inversión de sociedad”, usó sus informaciones sensibles, falsificó sus firmas y documentos para tomar el dinero de los bancos, a los que nunca han pagado los montos totales a pesar que Espinal dijo hace meses, cuando brotó el escándalo que “Cash Flow” cumpliría. 

Luego, Espinal, trató de desvincularse alegando que los clientes no quisieron firmar un acuerdo, en el que todos los inversionistas resultaban perjudicados. 

El grupo de denunciantes suma deudas por $2.7 millones de dólares. 

Frías, fue liberada por el juez con una fianza, en tanto, Torres enfrenta hasta 30 años en la cárcel y $1 millón de multa, sino cumple un acuerdo con los fiscales federales. 

María Hernández que funge como portavoz de los 47 denunciantes, dijo que las autoridades están dando los pasos correctos para ayudarlos a recuperar el dinero. 

En el comunicado oficial de la oficina del fiscal federal Craig Carpenito, dice que Torres, de 35 años de edad y residente en Nueva York, se declaró culpable ante el juez federal Kevin McNulty por una información que lo acusa de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario. 

“Entre marzo de 2016 y mayo de 2018, Cash Flow Partners LLC, una empresa de consultoría de negocios con oficinas en Nueva York y Nueva Jersey, lanzó anuncios en internet y organizó seminarios para ayudar a los clientes a obtener préstamos bancarios, incluidos los asegurados por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation / FDIC). 

Los fiscales añaden que cuando los clientes presentaron documentación que respalda sus solicitudes de préstamos bancarios a Cash Flow Partners, Torres y otros crearon documentos falsos para hacer que las solicitudes de préstamos de los clientes parecieran más viables financieramente de lo que realmente eran. 

“Los empleados de Cash Flow Partners falsificaron los registros de nómina al incluir información financiera y laboral ficticia, como trabajos falsos, en formularios de nómina y formularios de impuestos del IRS. Los bancos de víctimas sufrieron pérdidas de más de $4 millones”, agrega el fiscal federal. 

La conspiración para cometer cargos de fraude bancario conlleva una pena potencial máxima de 30 años de prisión y una multa de $1 millón. 

Torres, será sentenciado el 8 de enero de 2020. 

Jennie, de 36 años de edad y residente en el pueblo de Englewood en Nueva Jersey, fue acusada por su papel en una conspiración que implicó la creación de documentación falsa para obtener más de $4 millones de dólares en préstamos bancarios, explica el comunicado. 

Frías fue presentada por primera en la corte, el 25 de septiembre de 2019 ante el juez federal James B. Clark III en el tribunal federal de Newark y fue puesta en libertad con una fianza no garantizada de $100,000. 

“Frías y otros crearon documentación falsa para hacer que las solicitudes de préstamos de los clientes parecieran más viables financieramente de lo que realmente eran. Los empleados del Departamento de Creación de Archivos de Cash Flow falsificaron los registros de nómina al incluir información financiera y laboral ficticia, como trabajos falsos, en formularios de nómina de plantilla y formularios de impuestos del IRS”, agrega el comunicado. 

Sostiene que los empleados del "Departamento de Financiación" de Cash Flow, del cual Frías era la directora, se hicieron hacerse pasar los solicitantes de préstamos al comunicarse con los bancos víctimas. 

Los fiscales argumentan que los empleados del Departamento de Financiación controlaron de manera remota las computadoras ubicadas en los hogares de los solicitantes de préstamos para enviar documentos a los bancos. 

También tomaron posesión de los teléfonos celulares de los solicitantes de préstamos y se comunicaron con los bancos haciéndose pasar por los peticionarios. Los bancos víctimas sufrieron pérdidas de más de $4 millones. 

Ella enfrenta la misma condena que Torres, pero todavía no se declarado culpable ni ha hecho acuerdos con los fiscales.




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