NUEVA YORK._ Cientos de dominicanos y dominicanas, conyugues de ciudadanos estadounidenses y nacionalizados americanos, indocumentados están siendo afectados por la decisión del juez federal republicano  de Texas J. Campbell Barker que suspendió la legalización de los esposos y esposas con el programa “Parole in Place” que les permitiría quedarse en Estados Unidos mientras esperan el proceso para la presidencial permanente o temporal.

 Se calcula que unos 500 mil conyugues serían elegibles para recibir la “Green Card” (Tarjetas Verde) de inmigración cuando sus casos sean aprobados.

El magistrado, nominado por el entonces presidente Donald Trump en 2019 a la corte federal texana en uno de los estados dominado por los republicanos, decidió aceptando una demanda de 16 estados con gobernadores trumpistas, detener el avance del programa que se inició hace unos días. Los esposos y esposas ciudadanos americanos  pueden someter las solicitudes ante el servicio de inmigración pero la agencia no las puede procesar.

El juez bloqueó temporalmente el proceso obedeciendo a la línea dura de su partido y su líder, Trump, para destruirles el llamado “Sueño Americano” a los afectados.

El programa establece entre las principales calificaciones que los solicitantes deben tener 10 años o más residiendo en Estados Unidos junto a sus conyugues americanos, no haber tenido un solo roce con la policía o la justicia y haber pagado todos los impuestos.

El programa, cuya traducción no literal en español es "Libertad Condicional en el Lugar" fue detenido el lunes por la noche por el juez en la corte federal del distrito de Texas, un lugar favorito de los conservadores que buscan descarrilar la agenda política y migratoria del presidente Biden.

Se estima que alrededor de medio millón de cónyuges de ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero son elegibles para la iniciativa que se anunció en junio bajo el lema "Mantener a las Familias Unidas".

Las inscripciones se abrieron el 19 de agosto.

A menos que o hasta que la suspensión de 14 días del juez se levante o se revoque en la apelación, el requisito preexistente para que los solicitantes soliciten un cambio en el estatus legal desde el extranjero permanece en vigor.

Los defensores de los migrantes condenaron el fallo como desgarrador diciendo que podría separar a las familias de estatus mixto durante años o incluso, de forma permanente mientras se procesan sus largas solicitudes de tarjeta verde.

El fallo de Barker es una respuesta a una demanda
presentada el viernes por 16 fiscales generales republicanos, encabezados por Ken Paxton de Texas contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afirmando que la política de Biden viola directamente las leyes creadas por el congreso y equivale a una amnistía general para las personas que ingresaron ilegalmente al país.

"Los reclamos son sustanciales y justifican una consideración más detallada de lo que el tribunal ha podido permitirse hasta la fecha", escribió el juez en el fallo fijando  el 10 de octubre como fecha límite para que las partes enfrentadas presentaran sus argumentos en el caso.

El DHS aún puede aceptar solicitudes, dijo Barker, pero su decisión impide que sean procesadas. Según la política de Biden, los inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses y residentes en el país durante al menos 10 años, entre otros criterios, son elegibles.

Los republicanos que buscan bloquear elementos de la agenda de Biden con frecuencia presentan casos en los tribunales federales de Texas en busca de fallos favorables que probablemente sean respaldados por el tribunal de apelaciones, que muchos observadores consideran uno de los más extremos e influyentes de Estados Unidos. Los jueces de apelación han procesado casos sobre el aborto, inmigración y control de armas.