NUEVA YORK._ El reconocido psicólogo Henry Montero Tapia, especialista en salud mental se unió a las críticas a la gestión de Hugo Beras en la dirección del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y le sugirió revisar el manejo de planificación urbana y el estado de derecho.

NUEVA YORK._ El reconocido psicólogo Henry Montero Tapia critica gestión de Hugo Beras en INTRANT  y le sugiere revisar manejo de planificación urbana y estado de derecho.  (Fuente externa).

Montero Tapia dijo que si Hugo Beras está siendo criticado por su entendimiento o manejo de la planificación urbana y el concepto de estado de derecho, esto toca varios puntos importantes en la administración pública y la gobernanza urbana.

“Un director de una agencia de tránsito y transporte necesita comprender cómo la planificación urbana afecta y se integra con los sistemas de transporte. Esto incluye entender problemas de tráfico, infraestructura, seguridad vial, y el impacto del transporte en la calidad de vida urbana Visión Integral: La planificación efectiva requiere considerar factores ambientales, económicos, sociales, y culturales”, añade el especialista.

Indicó que se debe actuar  conforme a la ley, con decisiones basadas en normas claras y justas y con transparencia para tomar decisiones y procesos abiertos al escrutinio público para evitar la corrupción y fomentar la confianza.

También el director de  responsabilizarse de las decisiones tomadas y sus impactos en la comunidad y asegurar que todas las acciones y políticas sean justas y no discriminatorias.

“Las críticas hacia funcionarios públicos como Hugo Beras pueden reflejar preocupaciones legítimas sobre sus políticas o habilidades, pero también pueden estar influenciadas por contextos políticos, desafíos de comunicación, o malentendidos”, explica el psicólogo.

Señaló que es importante analizar objetivamente las políticas y acciones del INTRANT  examinando tanto los éxitos como las áreas de mejora evaluando el estado actual de la planificación urbana y del tránsito en el área de influencia del INTRANT.

Propone mejoras y capacitación implementando  programas de capacitación y actualización en temas de planificación urbana y gestión pública con participación de la comunidad en la planificación y toma de decisiones.

También la colaboración interinstitucional para trabajar conjuntamente con otros entes gubernamentales, académicos, y privados para abordar las problemáticas de manera integral.

“Si hay un contexto más específico o reciente relacionado con Hugo Beras y su gestión en el INTRANT que esté abordando, por favor, házmelo saber para poder ofrecer una respuesta más detallada y contextualizada”, expuso Montero Tapia.

Dijo que el término de derecho generalmente se refiere a un estado-nación que es autónomo e independiente, no sujeto a la dominación externa. “La libertad de un Estado está vinculada con su soberanía, lo que significa que tiene el poder de gobernar y tomar decisiones internas y externas sin interferencia extranjera”.

“En este contexto, podría referirse a varios aspectos. Puede implicar el sistema jurídico en su conjunto, es decir, el conjunto de leyes y normativas que rigen un estado. También podría referirse a la justicia y a la administración de leyes bajo principios de igualdad, imparcialidad y ética”, indica.

“La combinación de libre y derecho nos lleva a la idea del estado de derecho un principio fundamental según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio estado, están sometidas a leyes justas, públicas, igualmente aplicadas y independientemente juzgadas. El estado de derecho implica que las decisiones deben basarse en la ley, no en el capricho arbitrario de gobernantes. Es un concepto central en las democracias modernas y es crucial para garantizar la justicia, la equidad y la libertad ciudadana”, expresa el psicólogo.

“En un contexto más amplio, estado libre y derecho puede evocar la imagen de una democracia funcional donde no solo se respeta la soberanía del estado, sino también los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos. En este tipo de Estado, el derecho no solo regula las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, sino que también protege a los individuos del poder excesivo del Estado y asegura un ambiente en el que las libertades civiles puedan ser ejercidas”, añadió.

“El abuso de poder desde una posición del Estado es un tema crítico en la teoría política, la ética, y la gobernanza. Se refiere a situaciones donde los funcionarios del Estado, ya sean políticos, burócratas, o agentes de la ley, ejercen sus poderes asignados de manera ilegítima, no ética, o para fines personales en vez de servir al interés público”, señala.

Recordó que la corrupción es el uso del poder público para beneficio personal, lo que puede incluir sobornos, nepotismo, y malversación de fondos.

También la represión como uso de la fuerza, intimidación, o legislación para limitar las libertades y derechos de las personas, muchas veces para mantenerse en el poder o silenciar la oposición, tomar decisiones que no se basan en leyes o principios establecidos, sino en el capricho personal, preferencias o prejuicios.

Incluye además el trato desigual de individuos o grupos basado en razones personales, políticas, religiosas, de género, raciales, entre otras.

Explica el psicólogo que  la policía debe tener motivos basados en hechos concretos y lógica para creer que una persona ha cometido, está cometiendo, o está a punto de cometer un delito y actuar con una orden emitida por un juez o magistrado que autoriza a la policía a detener a una persona específica, generalmente basada en evidencia presentada por la policía o fiscales.

“El respeto a estos principios y derechos es fundamental para mantener la confianza pública en las fuerzas del orden y el estado de derecho”, subrayó Montero Tapia.

“La falta de justificación adecuada en las detenciones no solo puede resultar en la ilegitimidad de la detención, sino también en posibles acciones legales contra los agentes y la institución policial, además de socavar la confianza en el sistema judicial y de seguridad”, advirtió.