NUEVA YORK._ Los congresistas Adriano Espaillat y Carolyn B. Maloney de los distritos 12 y 13 en Nueva York están presionando al Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT), exigirles a las líneas aéreas y agentes de viajes reembolsar el dinero pagado por los pasajeros de vuelos que han sido cancelados.
NUEVA YORK._ Los congresistas de los distritos 12 y 13 en NY, Adriano Espaillat y Caroline B. Maloney presionan al DOT para que exija a las líneas aéreas y agencias de viajes devolver el dinero pagado por los pasajeros cuando se cancelan sus vuelos. (Fuente externa).
En
una carta denominada “hiperlink letter”, Espaillat miembro del Comité de
Apropiaciones y Maloney, presidenta de supervisión e Investigación de la Cámara
de Representantes, instaron a la agencia federal en la misiva a que ejerza su autoridad administrativa y exija
a los transportistas aéreos y agentes de boletos que proporcionen los
reembolsos solicitados a los pasajeros cuando un transportista aéreo cancela o
cambia significativamente un vuelo hacia, desde o dentro de los Estados Unidos.
“Desde
2020, el Departamento de Transporte ha recibido un mayor número de quejas y
consultas de los consumidores de aerolíneas, quienes describen que se les han
denegado reembolsos por vuelos que fueron cancelados o significativamente retrasados
sin culpa del consumidor”, sostiene la carta.
“Los
consumidores de servicios de aviación están experimentando experiencias de
pesadilla con las aerolíneas”, escribieron los ambos congresistas.
“Los
transportistas aéreos han tenido la obligación desde hace mucho tiempo de
proporcionar un reembolso rápido a un pasajero con boleto cuando el
transportista cancela el vuelo de los pasajeros”, señalaron. “La atención no se
centra en si las interrupciones del vuelo están dentro o fuera del control de
la aerolínea, sino en el hecho de que la cancelación no es culpa del pasajero”,
explican Espaillat y Maloney en la misiva.
La
carta fue enviada al DOT cuando Jet Blue anunció la semana pasada la compra de la
aerolínea Spirit Airlines por $3.8 mil millones en medio de una creciente
preocupación por las prácticas anticompetitivas que son inconsistentes con el
interés público.
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