NUEVA YORK._ El ex presidiario dominicano Rudy Quezada asesinado en un atraco como parte de una conspiración planeada por presos en la cárcel de La Victoria, y quien fue condenado injustamente a cadena perpetua siendo liberado 24 años después de la sentencia, demandó por un total de $44 millones de dólares, fue gravemente apuñalado en la prisión de Rikers Island y no salió deportado a la República Dominicana, según archivos de los registros judiciales de su caso.
NUEVA YORK._ Rudy Quezada, asesinado en un atraco en RD el 9 de septiembre 2020, demandó en EEUU por $44MM, fue gravemente apuñalado en la cárcel y no salió deportado. A la derecha, el entonces fiscal de Brooklyn Charles Haynes. (Fuente externa).
Quezada sometió dos demandas, una, contra el estado de Nueva York, el Departamento de Correcciones de la ciudad (DOC) y otra contra el Departamento de Policía (NYPD), la fiscalía del distrito de Brooklyn cada una por más de $20 millones que totalizaron los $44, pero se tranzó en ambos reclamos, aceptando acuerdos por $5 y $9.5 millones, con lo que sumó $14.5.
Fue liberado el primero de septiembre 2015.
La
demanda contra el DOC fue en reclamo de compensación por daños físicos graves,
trauma y negligencia de los guardias de corrección en proveerle seguridad,
cuando en 1997, fue atacado por varios presos en la cárcel estatal donde estaba
confinado, le fracturaron varios huesos, recibió fuertes golpes en la cabeza y
otras partes del cuerpo, quedando por varias semanas en estado crítico.
El
caso de Quezada, uno de los más sonados de las últimas décadas en Nueva York y
que comenzó a desvelar las maniobras sucias, manipulación de evidencias,
testigos y conspiración con detectives del NYPD, para confinar de vida o por
muchas décadas a acusados de las minorías, negros y latinos en los años noventa
cuando el entonces fiscal del distrito de Brooklyn, Richard Haynes de origen
judío y que estaba en su apogeo.
El
montaje de los casos por parte de ese fiscal ya fallecido, que asumió el cargo
en 1990, y fue derrotado en las elecciones por el puesto en 2013 por el
candidato Kenneth Thompson, primer fiscal negro electo en Brooklyn y murió de
cáncer antes de cumplir su primer período.
Los
federales lo investigaron por acusaciones de que usó $219,000 dólares
incautados en operativos anti drogas para financiar casos sucios, pagar a
testigos falsos y manipular pruebas, logrando encarcelar injustamente a docenas
de acusados que resultaron ser inocentes, siendo uno de los primeros, Quezada.
El
ex fiscal murió en enero 2019 a los 83 años de edad en Florida, dejando una de
las peores imágenes para un funcionario judicial de su nivel.
Su
oficina es ocupada ahora por el fiscal de origen boricua Eric González.
Las
maniobras de Haynes, que mantenía desde 1993, año en el que Quezada fue
condenado a cadena perpetua con opción de pedir libertad condicional al cumplir
25 años en prisión, comenzaron a darse a conocer luego de que el abogado del
dominicano asesinato en su país, iniciara una campaña de denuncias contra el
fiscal.
Haynes,
secuestraba los testigos falsos a los que alojaba bajo custodia sin estar
presos en hoteles cerca del aeropuerto La Guardia en Queens para mantenerlo a
poca distancia del edificio estatal en Brooklyn donde opera la fiscalía.
En
uno de esos hoteles, estuvo el dominicano Sixto Salcedo, el falso testigo de la
fiscalía que incriminó a Quezada, afirmando bajo juramento y ante los jurados
que lo vio asesinar al hombre.
Salcedo,
quien estaba deportado en la República Dominicana, fue traído de vuelta a Nueva
York por el fiscal Haynes, para hacerlo testificar contra el difunto Quezada,
con cuyos casos falsos, aseguró su reelección por múltiples períodos.
El
testigo, se retractó diciendo que había sido presionado y amenazado por la
policía y el fiscal Haynes para que señalara a Quezada en el juicio, luego que
el Proyecto Inocencia asumió el caso y descubrió evidencias que favorecieron al
asesinado ex presidiario.
Después
de ganar su caso en la corte y ser
liberado, a Quezada se le restituyó la tarjeta de residencia (Green
Card) que le habían confiscado tras la acusación, lo que demuestra que no fue
repatriado a su país natal, aunque allí era conocido como “El Deportado”.
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