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jueves, 18 de octubre de 2018

Caso de narco dominicano es tema de campaña entre aspirantes a gobernadores en Rhode Island

Miguel Cruz Tejada - jueves, octubre 18, 2018




NUEVA YORK._ El sonado caso del narco dominicano Ramón de los Santos, quien es sindicado como un “capo” en el tráfico de heroína y fentanilo en Rhode Island, Massachusetts y New Hampshire, ha sido escogido como uno de los principales temas de campaña de los aspirantes a gobernadores de ese estado, quienes incluso, en un debate el miércoles, volvieron a incluirlo como focal en sus enfrentamientos verbales sobre la política migratoria del Gobierno de Estados Unidos. 


NUEVA YORK._ La gobernadora demócrata reeleccionista de Rhode Island, Gina Raimondo y sus retadores Allan Fung y Joe Trillo, durante el debate en el que el tema focal es el caso del narco dominicano Ramón de los Santos (en recuadro).




La gobernadora actual, Gina Raimondo, se enfrentó a sus retadores a la reelección, el republicano Allan Fung y el independiente Joe Trillo, quienes la acusaron de ser la responsable de que casos como el de los Santos, ocurran en Rhode Island y todo el país. 

El narco, quien fue arrestado y acusado de múltiples cargos de tráfico de drogas, estaba libre desde 2016 cuando volvió a ser capturado traficando heroína y fentanilo, y puesto en proceso de deportación. 

Los federales dijeron que de los Santos, estaba a dirigiendo una importante red de narcotraficantes, después de salir de la cárcel. 

Fung y Trillo culparon a la política de la gobernadora Raimondo de tratar de evitar que los funcionarios de la prisión llamen a los agentes federales de inmigración antes de que de los Santos termine su sentencia y sea liberado nuevamente. 

“Este es el caso de un traficante de drogas condenado que estuvo preso un par de años, que era un inmigrante ilegal, fue liberado y terminó cometiendo más delitos, contribuyendo a la crisis de opioides que tenemos en nuestro estado", dijo Fung en el debate celebrado el lunes en la Universidad de Rhode Island y auspiciado por el periódico Providence Journal y la Radio Pública. 

Trillo, quien es ex coordinador de la campaña de Trump en Rhode Island, dijo hará una conferencia de prensa hoy jueves para llevar a la gobernadora Raimondo a la tarea con respecto a la política estatal sobre inmigración ilegal. 

Raimondo culpa a la Policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por no detener y deportar a de los Santos, quien este verano estaba de regreso tras las rejas y se espera que sea deportado. 

“ICE debería haber estado esperando en el estacionamiento de la cárcel y deportarlo, pero no lo hicieron. Ese es su trabajo y deberían haberlo hecho", dijo Raimondo en el debate. 

“Dejen de politizar la seguridad pública. Está mal y asusta a la gente", añadió la gobernadora. 

Muchos políticos demócratas, incluido el alcalde de Providence, Jorge Elorza, han hecho una campaña para abolir la ICE, pero Raimondo aclaró que no llegará tan lejos, diciendo que la agencia debe ser arreglada. 

"La gran pregunta en ese frente es si sus departamentos de correcciones y la policía estatal cooperaron y notificarán a la ICE", dijo Fung respecto a de los Santos. 

El portavoz del Departamento de Correcciones de Rhode Island, JR Ventura, dijo que la ICE tiene acceso a una base de datos de la prisión estatal que incluye las fechas de liberación programadas de los reclusos, las huellas dactilares y los antecedentes penales. 

Explicó que los funcionarios penitenciarios no notifican a la ICE cuando un preso está siendo liberado a menos que un juez haya emitido órdenes de deportación para ese reo. 

Tanto Fung como Trillo dijeron que si fueran elegidos, tendrían policías estatales y oficiales de correcciones que notificarían de manera proactiva a la ICE, si un recluso a quien quieran deportar está saliendo de la cárcel. 

En 2014, en respuesta a una demanda de la Unión de Libertades Civiles denominada Estadounidenses en nombre de Ada Morales, residente de Providence y ciudadana estadounidense que fue retenida erróneamente en una redada contra inmigrantes, el entonces gobernador, Lincoln Chafee emitió una nueva política estatal que ordena a los funcionarios de correcciones que no retengan presos para la ICE a menos que un tribunal haya emitido una orden de repatriación.



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